En
Salud Pública no siempre dos y dos son cuatro. Lo que es bueno para los
intereses generales de la salud, no es bueno para la investigación de nuevas
medicinas y, por tanto, a medio
plazo será perjudicial para solucionar los problemas médicos del futuro.
En
los últimos meses se ha levantado en la opinión pública internacional una
pregunta a la que todavía no se halla una respuesta convincente. ¿Son
compatibles la protección de las patentes farmacéuticas, y su política de
precios, con el desarrollo de la Salud Pública en los países en vías de
desarrollo?.
El
desarrollo del sector farmacéutico, y su obvio impacto en las mejoras de los
niveles de salud de la población, se
ha construido sobre la base de un acuerdo internacional para proteger las
patentes de los productos durante un período de tiempo desde su
registro.
De
esta forma, el investigador mantiene la explotación comercial de su producto
en exclusiva, lo que le permite acumular los recursos necesarios para seguir
invirtiendo en la investigación y desarrollo de otros nuevos. Los países se
reservaban la capacidad excepcional de
levantar esta protección cuando
se produjera una crisis de salud pública en su territorio.
La
epidemia del SIDA en Africa significó
la primera llamada de alerta contra esa política. El Gobierno de Brasil
desafió abiertamente a la industria farmacétucia internacional forzando a
una rebaja de los precios de los fármacos anti-Sida.
Y,
por si fuera poco, la crisis del antrax hizo que las Administraciones
canadiense y norteamericana exigieran acuerdos especiales a las farmacéuticas.
El telón de fondo se sitúa en el precio de los fármacos, que resultan de
difícil acceso para muchas economías públicas y privadas en los países en
vías de desarrollo.
A
mediados de noviembre la Conferencia de los Ministros de la Organización
Mundial de Comercio representó una victoria significativa para las posiciones
de los Gobiernos de las economías emergentes. La resolución adoptada
persigue una protección de la salud pública, en el ánimo de facilitar el
acceso a las medicinas.
Deja
al exclusivo criterio de los gobiernos determinar qué es una necesidad
de salud pública en su territorio y cuándo y cómo retirar la protección de
las patentes a los investigadores y productores de fármacos. En otras
palabras, cuando un gobierno considere que tiene un problema que afecta a la
salud pública de sus ciudadanos podrá retirar la protección de patente al
laboratorio que tenga la medicina
que lo previene o lo cura.
Por
ejemplo, si un país sufriera un problema de una epidemia de meningitis, podría
retirar la protección al laboratorio que hubiera desarrollado la vacuna, para
fabricarla en otras instalaciones y conseguirla a precio de coste. O en otras
palabras, el laboratorio que durante años buscó y encontró la solución a
la meningitis, perdería, por una decisión administrativa, su oportunidad de
hacer negocio con su producto, pese a haber invertido años y recursos en
descubrir la molécula.
En
principio, desde la perspectiva del poder público y con una visión epidérmica,
no cabría nada que objetar al intento por conseguir los productos de salud más
baratos para extender sus beneficios a la mayor población posible. Pero si
buceamos un poco más puede que no sea tan beneficioso para la sociedad, puede
que estemos ante un espejismo.
La
mejora de los niveles de salud, el aumento de la esperanza de vida y la
eliminación de enfermedades descansan básicamente sobre tres elementos:
mejores condiciones de vida, mejor atención médica y mejores medicinas.
El
siglo XX ha cambiado el panorama de la humanidad en la Tierra. No sólo porque
el hombre haya sido capaz de casi duplicar su esperanza de vida, sino porque
enfermedades que aterrorizaron a nuestros ancestros, hoy son sólo una
fotografía del pasado.
En
este último siglo la polio, la viruela, la lepra, la difteria han sido
derrotadas, al menos, en el primer mundo. Los pacientes no están obligados a
vivir como inválidos por enfermedades crónicas, como el asma, la diabetes,
la artritis o las úlceras pépticas.
El
cáncer es hoy en día bien conocido y tratado. La ceguera causada por el
glaucoma puede ser evitada. Los infartos y ataques cardíacos también pueden
ser combatidos. En psiquiatría, enfermedades mentales como la maníaco
depresión, la esquizofrenia, y
otras, pueden ser tratadas eficazmente.
EL
SIDA es una patología moderna que inundó de preocupación a
todos, pero no durante
mucho tiempo. Al cabo de los veinte años desde su detección, podemos hoy
decir que se puede controlar. Se conoce su origen, su forma de contagio y su
terapia. Todos estamos esperando su vacuna. Los analgésicos, los antibióticos,
las vacunas, la penicilina, las insulinas, y un largo etcétera han tenido
mucho que decir en este panorama.
Estos
adelantos obedecen, entre otras cosas, a las contribuciones desplegadas por la
industria farmacéutica en la investigación, desarrollo y comercialización
de nuevos vacunas y medicinas.
Nos
encontramos, pues, ante un
problema equilibrio entre el
derecho a la salud y el negocio de la salud. El sector de la salud no es tan
distinto al de alimentos o transporte. Todos ellos aportan mejoran
sustanciales para la humanidad. Pero nadie exigiría a McDonald que regalase
hamburguesas en las olas de hambruna o a American Airlines que pusiera vuelos
gratuitos para mejorar la comunicación en el Africa negra.
¿Qué
puede ocurrir si los laboratorios ven cercenados o limitados sus condiciones
para recuperar su inversión?.
¿Qué puede ocurrir si los
inversionistas ven más seguridad en otros sectores que en el de salud?.
Simplemente,
que los fuertes desembolsos exigidos para mantener girando la rueda de la
investigación farmacéutica
quedarán frenados. Y la consecuencia será que no habrá nuevas medicinas y
vacunas. Que la farmacia será más un negocio de producción y de precio que
un negocio de investigación y alto valor agregado.
Como
en tantas otras facetas, en el sector de la salud se debe establecer un
balance entre el derecho de la salud y el derecho a desarrollar un negocio. La
industria farmacéutica invierte alrededor de 500 millones de dólares para
desarrollar una nueva molécula en unos 12 años.
El
sector, en su conjunto, invierte unos 30 mil millones de dólares anualmente.
De esas inversiones, sólo unas cuantas llegan a las droguerías, pues la
mayoría quedan en el camino por no ser eficaces o seguras. Los laboratorios
reclaman disponer de unos 8 o 10 años para la comercialización en exclusiva,
evitando que venga un "pirata",
le copie la fórmula, le plagie el proceso y la lleve al mercado un 25 por
ciento más barato. La Organización Mundial de la Salud
ha reconocido la justeza de este principio.
En
el otro lado de la argumentación, hay tratamientos farmacológicos de
elevados precios, por encima de los 15.000 dólares, de casi imposible acceso
para los bolsillos de economías en desarrollo.
La
solución no es fácil, pues debe combinar el principio de que el negocio de
las farmacéuticas se debe sedimentar sobre la consideración de que sus
productos sean accesibles para la mayoría de la humanidad. La comunidad
internacional debe encontrar ese punto de equilibrio ofreciendo a los
investigadores garantías de que podrán recuperar el esfuerzo de su inversión,
pero poniendo las condiciones para que los tratamientos esenciales sean de
acceso a todas las economías.
Quizá
haya que ir pensando que, al igual que ocurre con la educación o la hostelería,
habrá medicinas de cinco estrellas, a la que no todos podrán acceder.
La
economía de la salud es muy compleja. Las leyes de la oferta y la demanda no
operan como en otros sectores. Por eso, a veces dos más dos no son cuatro.
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proporcionado por el sitio: Medicina Global MEDICOS La Revista de Salud y
Calidad de Vida http://www.revistamedicos.com.ar/
(*)
Juan
Francisco Polo es
Managing Director de la División de Salud de la consultora de comunicación
Burson-Marsteller para América Latina
